Juana Rivas y Francesco Arcuri: un conflicto judicial con dimensión internacional y familiar

El caso de Juana Rivas y Francesco Arcuri ha atravesado casi una década de enfrentamientos legales, polémica social e intervención política. Lo que comenzó como una disputa de custodia entre dos progenitores se transformó en un símbolo nacional del debate entre la protección a menores, la violencia de género y el cumplimiento de convenios internacionales.

Datos personales de los implicados

Nombre completo	Nacionalidad	Profesión	Año de nacimiento	Rol en el conflicto
Juana Rivas Peinado	Española	Administrativa / Activista social	1979	Madre de dos hijos, denunciante de maltrato, condenada por sustracción de menores
Francesco Arcuri	Italiano	Técnico en telecomunicaciones	1974	Padre de los hijos, condenado por violencia en 2009, acusado nuevamente en 2025
Gabriel (hijo mayor)	Española/Italiana	Estudiante universitario	2006	Hijo de ambos, actualmente mayor de edad, defiende públicamente a su madre
Daniel (hijo menor)	Española/Italiana	Escolar	2013	Menor implicado en la reciente orden de entrega a su padre italiano

Antecedentes del conflicto

Juana Rivas y Francesco Arcuri iniciaron una relación sentimental en 2004. Tuvieron a su primer hijo en España y posteriormente se mudaron a Italia, donde nació el segundo. La relación fue intermitente, marcada por un episodio clave en 2009 cuando Rivas denunció a Arcuri por violencia doméstica. Arcuri fue condenado por lesiones, aunque cumplió una pena reducida.

En 2016, mientras residían en Cerdeña, Rivas volvió a España con los menores. Alegó que huía de un entorno abusivo. Denunció de nuevo a Arcuri, pero no se pudieron acreditar hechos nuevos ante los tribunales. En 2017, el padre reclamó la restitución de los hijos en base al Convenio de La Haya sobre sustracción internacional de menores. Juana no acató la orden y estuvo semanas en paradero desconocido con los niños.

Juicio por sustracción de menores

En 2018, Juana Rivas fue condenada en firme por un delito continuado de sustracción de menores. La sentencia fijó cinco años de prisión y seis años de pérdida de la patria potestad. El argumento judicial fue que la madre había impedido ilegalmente la relación del padre con sus hijos y desobedeció resoluciones judiciales internacionales.

Tras una campaña de apoyo público y político, en 2021 el Gobierno de España le concedió un indulto parcial. La pena se redujo a un año y tres meses de prisión, y pudo conservar la patria potestad. En 2023, accedió al tercer grado penitenciario.

Desarrollo reciente del caso (2025)

En julio de 2025, un nuevo episodio vuelve a colocar este caso en el centro de la actualidad:

• Un juez de Granada ordenó que Juana entregara a su hijo menor, Daniel, a su padre para que regresara a Italia.
• La entrega estaba prevista para el 22 de julio entre las 10:00 y las 11:00 en el Punto de Encuentro Familiar.
• Rivas presentó varios recursos en España y denunció que Arcuri enfrenta actualmente un proceso judicial en Italia por presuntos malos tratos físicos y psicológicos hacia sus hijos.
• El Tribunal Constitucional español rechazó suspender la entrega, inadmitiendo el recurso de amparo presentado por la madre, argumentando que no concurren los requisitos de urgencia procesal ni riesgo inmediato acreditado.

Situación de los menores

El hijo mayor, Gabriel, ya mayor de edad, reside con Juana Rivas y ha defendido públicamente a su madre. En julio de 2025, escribió cartas dirigidas al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía denunciando que su hermano pequeño “tiene miedo” de volver con su padre y alertando sobre un “grave riesgo” para su bienestar.

Por su parte, Daniel, de 11 años, ha manifestado a su entorno el deseo de permanecer en España. Sin embargo, sus declaraciones no han sido admitidas en sede judicial como prueba suficiente para suspender la ejecución de la sentencia internacional.

Implicaciones jurídicas

Este caso ha puesto a prueba varios aspectos del derecho nacional e internacional:

1. El Convenio de La Haya: España, como firmante, está obligada a ejecutar las decisiones de custodia dictadas en Italia, siempre que no se acredite un riesgo grave para el menor.
2. Principio de confianza judicial mutua: El sistema europeo parte del supuesto de que todos los estados miembros protegen adecuadamente los derechos de los niños.
3. Derecho del menor a ser escuchado: Una de las principales críticas al proceso ha sido la falta de un canal formal para escuchar al menor antes de ejecutar la orden de entrega.

Reacción institucional y política

La entrega forzada del menor ha generado una fuerte reacción política y social:

• La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mostró su respaldo a Juana Rivas y pidió que se escuchara al menor antes de ejecutar la sentencia.
• Plataformas feministas y asociaciones de defensa de la infancia denunciaron que el proceso judicial priorizó la legalidad formal sobre la protección real del niño.
• Otros sectores defendieron que las resoluciones judiciales deben cumplirse, y que cualquier nueva denuncia contra Arcuri debe tramitarse por las vías legales correspondientes en Italia.

Análisis general

Este caso simboliza una grieta legal y moral: el equilibrio entre los derechos de custodia transfronteriza y el deber de proteger al menor ante posibles abusos. Aunque los tribunales consideran que Juana Rivas vulneró el derecho del padre y desobedeció la ley, muchos ciudadanos entienden que actuó por temor legítimo.

El conflicto no ha terminado. En septiembre de 2025, Francesco Arcuri será juzgado en Italia por supuestos malos tratos. De ser condenado, podrían reabrirse las vías legales para revisar la custodia del menor. Mientras tanto, el niño ya ha sido entregado y reside nuevamente en Italia con su padre.

Conclusión

El caso Juana Rivas vs. Francesco Arcuri continúa siendo una historia sin cierre definitivo. Refleja los límites del derecho internacional de familia, las carencias del sistema en la escucha activa de menores y la colisión constante entre legalidad formal y protección emocional. La batalla judicial podría continuar por años, pero el impacto psicológico en los hijos ya está marcado.